Por: Ab. Sebastián Mora 

El 12 de abril de 2023, mediante Resolución 05-2023, la Corte Nacional de Justicia declaró como precedente jurisprudencial obligatorio, el siguiente punto de derecho:

“La impugnación por vía jurisdiccional de los actos administrativos derivados de la ejecución contractual es una acción especial en materia de contratación pública, sujeta al plazo de cinco años para su ejercicio, conforme lo dispone el artículo 306 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos; garantizándose de este modo la tutela judicial efectiva y el debido proceso consagrados en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República”. 

Por: Ab. Daniel López Suárez

Son tiempos difíciles para los empresarios. En las próximas semanas y meses nos esperan una serie de dificultades para poder sostener económicamente a las empresas, dada la avalancha de reclamos y juicios que seguramente éstas sufrirán producto de la falta de liquidez para cubrir obligaciones vencidas, y las que se vienen. Las empresas necesitarán ayuda y protección.

Por: Ab. Daniel López Suárez

Conforme la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una situación de emergencia es aquella generada por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional.

Por: Ab. Daniel López Suárez

La iniciativa del Gobierno representa un cambio en el tratamiento jurídico de la propiedad intelectual, el desarrollo y la investigación en el país, pero contiene aspectos que pueden resultar perjudiciales para la economía nacional y el cambio de la matriz productiva, pudiendo también ser contrarios a Tratados Internacionales con los que el Ecuador está obligado frente a la OMC.

Por: Ab. Sebastián Mora.

Las Contrataciones de Giro Específico del Negocio, nacen de la propia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y están dirigidas a las Empresa Públicas –EP-, sus subsidiarias y aquellas empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos el 50% a entidades de derecho público; y, su determinación es decir la aceptación de los tipos de bienes, obras o servicios que pueden ser sujetos a este régimen está a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública –SERCOP-.